25 ABR 2012 | ÁNGEL LEÓN. BARCELONA

Los prestigiosos historiadores Fernando García de Cortázar y Ricardo García Cárcel fueron los encargados de glosar con sendas conferencias la Constitución de Cádiz de 1812 –conocida popularmente como ‘La Pepa’-, en un acto conmemorativo con el lema “¡Revive La Pepa!” convocado por la plataforma Impulso Ciudadano en Barcelona.

 Publicado en la edición digital de La Gaceta

publicado en  Intereconomía

Acusará al Ayuntamiento de prevaricación y desacato si no cumple las resoluciones judiciales. El Tribunal de Justicia de Cataluña fallará el 4 de mayo sobre los recursos contra el reglamento linguïstico. 

La plataforma Impulso Ciudadano actuará contra el Ayuntamiento de Barcelona siincumple la resolución del Tribunal Supremo (TS) que desestima el recurso presentado por el consistorio contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que suspendió cautelarmente siete artículos del Reglamento de Uso de la Lengua Catalana, recurrido en 2010 ante la máxima instancia judicial catalana por el Partido Popular (PP) e Impulso Ciudadano.

El presidente de esta entidad, José Domingo, en declaraciones a Radio Intereconomía en Barcelona, ha calificado de “escandalosa” la actitud del ayuntamiento de la Ciudad Condal, que ya ha anunciado que no acatará la decisión del Supremo conocida esta semana, mientras espera que el TSJC se pronuncie sobre el fondo del asunto en una sentencia que se dictará el próximo 4 de mayo. Según el portavoz del consistorio barcelonés, Joaquim Forn, el reglamento municipal se ajusta al Estatuto de Autonomía y a la Ley de Política Lingüística de 1998.

A juicio del presidente de Impulso Ciudadano, “no acatar las resoluciones judiciales es el mayor descrédito para una administración pública”. José Domingo ha avanzado que su entidad “denunciará al Ayuntamiento de Barcelona por desacato y prevaricación si no cumple la última resolución del Tribunal Supremo y la próxima sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”, que decidirá sobre los recursos interpuestos por el PP e Impulso Ciudadano.
Como medida cautelar el TSJC acordó suspender siete artículos del reglamento lingüístico del consistorio -normativa que regula la lengua utilizada tanto en las relaciones internas del personal del ayuntamiento, como las comunicaciones externas con los ciudadanos-.

Los puntos que quedaron en suspenso se refieren a la obligatoriedad de que las actuaciones internas del ayuntamiento se hagan en catalán; al artículo que establece que las actas de las sesiones plenarias se redacten únicamente en catalán y el epígrafe que dispone que en las comunicaciones orales con los administrados el personal municipal debe emplear la lengua catalana, excepto cuando el ciudadano pida ser atendido en español. También han quedado suspendidos los artículos referidos a la rotulación exclusivamente en catalán y, en idéntico sentido, el relativo a los impresos, sellos de goma y expedición de documentos.

Tras la suspensión cautelar de estos artículos, el Ayuntamiento de Barcelona recurrió ante el Tribunal Supremo el auto del TSJC que acordaba estas medidas. El fallo del TS, que es firme, avala la decisión de la más alta instancia judicial de Cataluña al establecer que “si no se adoptaba la medida cautelar de suspensión, la aplicación de la disposición general a lo largo de la posible duración del proceso podía hacer perder su finalidad legítima al recurso”, ya que no quedaban garantizados los derechos lingüísticos de los ciudadanos.

El reglamento lingüístico del Ayuntamiento de Barcelona se aprobó en el Pleno municipal del 5 de febrero de 2010 y fue recurrido por Impulso Ciudadano en abril de ese mismo año por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Impulso Ciudadano se adhiere al acto “Una sociedad bilingüe, una escuela bilingüe” y reivindica la constitución de una plataforma unitaria a favor del bilingüismo y la libertad lingüística en la escuela catalana

La gran mayoría  de la sociedad catalana es partidaria de una escuela con una presencia equilibrada de las lenguas oficiales. Desgraciadamente no es esa la voluntad de las autoridades catalanas por lo que se hace imprescindible celebrar actos que pongan de manifiesto que la cohesión social solo será posible desde el respeto a los derechos de los integrantes de las comunidades lingüísticas mayoritarias de Cataluña.

La formación de un frente unitario que concilie a todas las asociaciones y partidos que abogan por la convivencia y la libertad lingüística en la escuela y en las instituciones ya estuvo presente en el acto fundacional de Impulso Ciudadano en octubre de 2009. Por ello, Impulso Ciudadano ha decidido adherirse a la celebración del acto “Una sociedad bilingüe, una escuela bilingüe” que tendrá lugar el próximo día 21 de abril, a las 11 horas en el Teatro Goya de Barcelona e invitar a todos nuestros asociados y simpatizantes a que acudan masivamente.

Dicho lo anterior, nuestra asociación hubiera deseado tener un mayor margen de participación en la organización del acto que, finalmente, ha devenido imposible por la estructura cerrada que se ha dado a la convocatoria. Ahora bien, la celebración del mismo es en sí un primer paso que, a juicio de Impulso Ciudadano, debe tener continuidad con la constitución de una plataforma unitaria que aúne voluntades y haga visible la fuerza de todos los partidarios de una escuela catalana lingüísticamente  incluyente, libre y no sectaria. A eso dedicaremos nuestros esfuerzos inmediatamente.

En Barcelona, a 19 de abril de 2012

IMPULSO CIUDADANO expresa su posición ante el contenido del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña relativo a la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el régimen lingüístico del sistema educativo catalán.

1.- En primer lugar, rechaza por inexacta la interpretación que ha hecho el Gobierno de Cataluña de la resolución judicial. Es completamente falso que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya avalado la inmersión lingüística obligatoria en catalán. El Tribunal no se pronuncia sobre ello. Es más, la única defensa de las posiciones de la Generalitat se contiene en el voto particular de la sentencia, es decir de 24 magistrados solamente una ha defendido que el catalán sea la única lengua vehicular de enseñanza en el sistema educativo catalán.

2.- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declara expresamente que la Generalitat no ha ejecutado debidamente el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo que, se ha de recordar, obligaba a la Administración educativa catalana a adoptar las medidas necesarias para hacer del castellano también lengua vehicular.

3.- Impulso Ciudadano lamenta que la resolución procesal del asunto se demore a una nueva resolución del Tribunal Supremo, dado que son muchos los alumnos catalanes afectados por un sistema que impide hacer del castellano y catalán las lenguas vehiculares de forma equilibrada y racional en una sociedad bilingüe. En todo caso, se ha de entender de la lectura del auto que en aquellos centros educativos en los que cursen las alumnos afectados por la sentencia se ha de reintroducir el castellano como lengua vehicular junto con el catalán.

4.- Impulso Ciudadano rechaza la manipulación de la opinión pública llevada a cabo por las autoridades catalanas y advierte que, en modo alguno, puede darse por finalizado el conflicto en la escuela catalana mientras se sigan conculcando los derechos de miles de padres y alumnos que defienden la educación bilingüe en Cataluña. En este sentido, se ha de recordar que ya existen abiertos nuevos procesos judiciales que denuncian la inconstitucionalidad del sistema educativo catalán.

5.- En todo caso, es imprescindible que, para resolver esta situación conflictiva que se arrastra desde hace muchos años, el Gobierno de la Nación impulse las medidas legislativas necesarias, en concreto en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, para reconocer el derecho de los españoles a ser educados en castellano en todo el territorio nacional.
En Barcelona, a ocho de marzo de dos mil doce.

El nacionalismo transversal catalán tiene una tendencia innata a pegar puñetazos en el tablero para sacar las piezas de su sitio cuando la marcha de la partida no lleva el rumbo que le conviene. Si el jugador contrario reclama la aplicación del reglamento y el árbitro sanciona al infractor, el catalanismo pone el grito en el cielo y se hace la víctima. Es lo que ha pasado en Sant Pol de Mar: el consistorio vota incumplir las leyes de banderas, cuando el Juzgado, a instancias de un concejal, ordena colocar la bandera de España, la alcaldesa apela a la soberanía del municipio y reclama su derecho a hacer lo que le plazca, llama a rebato y algunos se sienten legitimados, literalmente, para incendiar los símbolos españoles. Lo sorprendente es que el ciudadano ejemplar que ha logrado que el imperio de la ley triunfe, es acusado por los nacionalistas de romper la convivencia y tiene muchos números para ser declarado persona non grata en el municipio.

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La asociación Impulso Ciudadano ha tenido conocimiento de que en la noche del 26 al 27 de febrero unos desconocidos han quemado la bandera de España y el mástil de madera que la sustentaba en el Ayuntamiento de Sant Pol de Mar.