1. Impulso Ciudadano lamenta que la juez de dicho juzgado de Barcelona haya decidido no presentar la cuestión de inconstitucionalidad a la ley de política lingüística que reclamaba el empresario multado y no comparte el criterio del magistrado según el cual la no utilización del catalán supone una vulneración de los derechos lingüísticos de los consumidores.
2. Impulso Ciudadano considera que la vigente normativa lingüística en materia de consumo sigue siendo claramente inconstitucional, ya que hace referencia a unos supuestos derechos lingüísticos de los consumidores que no encuentran amparo ni en el texto constitucional, ni en la Declaración universal de derechos humanos, ni en los tratados o acuerdos internacionales sobre esta materia ratificados por España. En todo caso, y de existir estos derechos lingüísticos de los consumidores, la ley no podría velar por su cumplimiento sólo, o al menos, en relación a los consumidores de habla catalana, sino que debería garantizar su cumplimiento también para los consumidores castellano parlantes.
3. Impulso Ciudadano considera que, en el ámbito español y europeo, el consumo no se encuentra compartimentado territorialmente, no existen fronteras de consumo, ni se identifica éste por regiones. En materia lingüística, España y las Comunidades Autónomas que la integran deben seguir las recomendaciones de la Comisión Europea en esta materia y aplicar el criterio de obligatoriedad de utilización de una lengua comprensible, que en el caso de España es el castellano, única lengua comprensible para todos los consumidores españoles.
4. Impulso Ciudadano hace público su apoyo al Sr. Nevot, le solicita que eleve recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, esperando que, ya sea el propio Tribunal Constitucional o, finalmente, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, se resuelva en contra de una legislación abusiva y limitadora de la libertad de las personas físicas y jurídicas y de la libertad de expresión.

Por todos los motivos anteriores, Impulso Ciudadano exige la derogación inmediata de la legislación vigente en materia de derechos lingüísticos de los consumidores en Cataluña.

Barcelona, 2 de Marzo de 2010

Descargar la sentencia (PDF)

El diputado del Grupo Mixto, José Domingo, ha presentado a la Mesa de la Comisión de Acción Exterior y Unión Europea del Parlamento de Cataluña, una Propuesta de resolución en la que denuncia la actuación del Gobierno cubano en relación a la muerte de Orlando Zapata Tamayo – disidente y preso político cubano, muerto en La Habana tras 85 días en huelga de hambre para pedir que se le tratara como “prisionero de conciencia”-.

En la Propuesta de resolución presentada, Domingo recuerda los importantes vínculos históricos que unen a Cataluña con el pueblo cubano y la reiterada alusión a dicha relación histórica por parte del Vicepresidente del Gobierno de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira durante su viaje a Cuba en el 2009.

Por dicha razón, el diputado del Grupo Mixto, insta al Gobierno a hacer suyos los términos de condena expresados por la Unión Europea y a trasladar sus condolencias a la familia del preso político Orlando Zapata, a solicitar a las autoridades cubanas que respeten la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, liberen de manera incondicional a todos los presos políticos cubanos y se responsabilicen de la protección de todos los presos bajo su jurisdicción.

La Propuesta de resolución será debatida y votada en la Comisión de Acción exterior.

Texto de la Propuesta de Resolución (PDF)

Barcelona a 2 de Marzo del 2010

• DOMINGO HA PRESENTADO TAMBIÉN UNA BATERÍA DE PREGUNTAS PARA SER CONTESTADAS POR ESCRITO POR LA CCMA SOBRE ESTA MISMA CUESTIÓN

El Presidente de Impulso Ciudadano y diputado en el Parlamento de Cataluña, José Domingo, ha presentada una batería de preguntas escritas en el Parlamento de Cataluña a raíz de la desmesurada cobertura informativa dada por los medios pertenecientes a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales de las consultas independentistas llevadas a cabo en algunos municipios el día 28 de febrero de 2010.

Asimismo, en nombre de Impulso Ciudadano, Domingo ha denunciado ante el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) el citado tratamiento informativo por considerar que los sujetos que participan en la prestación de servicios audiovisual deben respetar los principios, los valores, los derechos y las libertades establecidas por la normativa comunitaria, la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía y que la celebración de consultas independentistas en distintos municipios de Cataluña pudieran ser contrarias a los principios y valores recogidos en la normativa que regula la Comunicación audiovisual de Cataluña.

Para Impulso Ciudadano resulta sorprendente que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales haya dedicado un importante operativo al seguimiento de las consultas celebradas el pasado 28 de febrero en diversos municipios de Cataluña, hecho que pudiera alterar los principios de actuación que le corresponden como servicio público, más cuando en las informaciones relacionadas con este tema se han primado los datos de los resultados favorables a la independencia y se ha relegado a un segundo plano la escasísima participación en los municipios en los que se celebraron las consultas y el hecho de que se hubiera ampliado la participación en la consulta a todos los residentes mayores de 16 años empadronados en el municipio.

Por ello, Impulso Ciudadano ha solicitado al CAC que abra un expediente informativo sobre la actuación de los medios pertenecientes a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales en la cobertura informativa por parte de TV3 y Catalunya Radio de las consultas independentistas celebradas en diversos municipios el 28 de febrero de 2010, por si se hubiera incurrido en algún incumplimiento de los principios básicos y deberes de la regulación de los contenidos audiovisuales.

Barcelona, 1 de Marzo del 2010

Denuncia consultas

Corpo referendums

• José Domingo, diputado del Grupo Mixto y promotor de Impulso Ciudadano, ha preguntado al Conseller Castells el número de actas de inspección levantadas y sanciones impuestas por la Agencia Catalana de Consumo a comercios y empresas durante el año 2009 por no tener la rotulación en catalán.

• El diputado Domingo ha mostrado al Conseller una foto de un comercio que, para evitar la sanción de la Generalitat, había pegado en el rótulo un trozo de papel escrito a mano para cambiar la palabra “peluquería” por “perruqueria”.

• Domingo ha denunciado que, en el actual contexto de crisis, se gaste dinero y medios en elaborar voluminosos expedientes para demostrar que un empresario denunciado tenga en el escaparate algunos carteles en castellano y que por esta razón se le imponga una multa de 1000 €.

• Domingo califico la política de sanciones lingüísticas como un “despropósito” y un “disparate” y solicito al Conseller que derogue la legislación vigente porque “no se merece pasar a la Historia como Castells el Terrible”.

José Domingo, diputado del Grupo Mixto y promotor de Impulso Ciudadano, ha preguntado al Conseller Castells durante la sesión de control al Gobierno que ha tenido lugar esta tarde en el Parlamento de Cataluña, acerca del número de actas de inspección que han sido levantadas por la Agencia Catalana de Consumo y el número de sanciones que han sido impuestas por incumplimiento de los artículos 15, 30, 31 y 32.3 de la Ley 1/1998, de 7 de enero de política lingüística, durante el año 2009, y cuál ha sido el importe de dichas sanciones que establecen la obligatoriedad de rotulación en catalán.

En sus respuestas, el Conseller Castells ha reafirmado que los derechos lingüísticos son un derecho más de los consumidores y reconocido que en el año pasado se impusieron 152 sanciones por cuestiones lingüísticas, lo que supone un 6% del importe de las sanciones impuestas por la Agencia Catalana de Consumo durante el año pasado por un total de 148.100 €, cerca “de los 125 millones de las antiguas pesetas”. Por la información proporcionada se deduce que ha habido alrededor de 3.000 actuaciones inspectoras por motivos lingüísticos y que más de 2.800 comerciantes han decidido cambiar la rotulación para no ser sancionados.

En su réplica, el diputado Domingo ha mostrado al Conseller una foto reciente de un comercio que, para evitar la sanción de la Generalitat, había pegado en el rótulo del establecimiento un trozo de papel sobre las dos primeras sílabas de la palabra “peluquería” en el que había escrito a mano “perru” para que se pudiese leer “perruqueria”. Domingo ha denunciado que el Gobierno anteponga los supuestos derechos lingüísticos de algunos consumidores al perjuicio causado a la imagen del establecimiento. Igualmente, ha lamentado que, en el actual contexto de crisis, se gaste dinero y medios en elaborar voluminosos expedientes como el que ha mostrado al Conseller Castells, más de cincuenta páginas con decenas de fotos, en las que finalmente se podía establecer que, aunque el empresario denunciado tenía en el escaparate carteles que decían “Es ven”, había otros letreros en los que ponía “Se alquila”, razón por la cual se le impone una multa de 1000 €.

Domingo califico la política de sanciones de la Agencia Catalana de Consumo como un “despropósito” y un “disparate” y conminó al Conseller a impulsar la derogación de legislación vigente en dicha materia, porque, en opinión del diputado, el Conseller “no se merece pasar a la Historia como Castells el Terrible”.

Barcelona, 25 de Febrero del 2010

Puedes ver el diario de sesión aquí

Los grupos parlamentarios que dan apoyo al Gobierno han rechazado hoy, 25 de febrero, en la Comisión de la Sindicatura de Comptes, la propuesta presentada por el Diputado del Grupo Mixto y portavoz en la comisión, José Domingo, en la que solicitaba la comparecencia de CELESTINO CORBACHO CHAVES, ex-Presidente del Consejo rector del Consorci Sanitari Integral, NURIA MARÍN MARTÍNEZ, Presidenta del Consejo rector del Consorci Sanitari Integral, JOSEP FITÉ I BENET, Consejero Delegado del Consorci Sanitari Integral, y SANTIAGO NOFUENTES PÉREZ, Director General del Consorci Sanitari Integral, en relación al Informe 29/2009 elaborado por la Sindicatura de Comptes sobre el Consorci Sanitari Integral referente al ejercicio 2007.

Esta era la primera vez en el Parlamento de Cataluña en la que se pretendía utilizar el mecanismo establecido en el artículo 164.8 del Reglamento de la Cámara que permite solicitar la comparecencia de las personas responsables de las entidades fiscalizadas en los informes de la Sindicatura, pero que hasta ahora no había sido utilizado por ningún grupo parlamentario.

Domingo recordó que este procedimiento es el habitual en la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento europeo en el que los miembros de la Comisión Europea comparecen ante los diputados y el Tribunal de Cuentas Europeo para dar cuenta de su actuación en relación con el informe examinado

El diputado del Grupo Mixto y promotor de Impulso Ciudadano invitó a los distintos Grupos que dan apoyo al Gobierno a “ejercer un voto responsable, un voto a favor de la transparencia”.

Domingo recordó a los diputados presentes que este procedimiento en que el responsable del organismo auditado comparece ante la comisión es el habitual en Europa como pudieron comprobar “in situ” los diputados miembros de la Comisión de la Sindicatura de Comptes en su reciente desplazamiento al Parlamento europeo. Asimismo, ha recordado a los miembros de la Comisión presentes que “en este viaje, alabaron dicho procedimiento y que ahora tenían la oportunidad de ponerlo en práctica” en un caso de suficiente relevancia.

Barcelona, 25 de Febrero del 2010

El diputado del Grupo Mixto y promotor de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha defendido en el debate de totalidad del Proyecto de Ley del Plan estadístico de Cataluña 2010-2013, celebrado hoy en el Pleno del Parlamento de Cataluña, la inclusión en el nuevo Censo de población y vivienda que se elaborará en el año 2011 de preguntas específicas sobre la lengua hablada en casa y la lengua materna de los catalanes. En el último censo del año 1991 sólo se preguntó sobre el grado de conocimiento del catalán.

Barcelona, 25 de Febrero del 2010

El diputado ha denunciado que la no inclusión de esta pregunta en el censo responde a motivos políticos puesto que existe una falta de interés por parte del Gobierno catalán de obtener una foto fiel de la realidad lingüística de la Comunidad Autónoma. A esos efectos, ha recordado que en el plan están previstas dos encuestas de usos lingüísticos a realizar por IDESCAT y el Departamento de Vicepresidencia y que en las mismas se pregunta sobre la lengua de identificación de los catalanes.

Para Domingo, la inclusión de la pregunta en el Censo presentaría dos ventajas esenciales.

En primer lugar, los datos serían precisos y concretos y, a diferencia de las estadísticas lingüísticas propuestas en el Proyecto de Ley del Plan estadístico de Cataluña 2010-2013, no serían aproximativas.

En segundo lugar, ha señalado que las estadísticas de usos lingüísticos de la población está calificada como de coste alto, lo que supone un gasto para la Administración de entre 240.000 y 420.000 € que se evitaría de incluirse estas preguntas en el censo de población

José Domingo, finalmente, ha subrayado que de las doscientas treinta y ocho actividades estadísticas previstas en la futura Ley, sólo ocho sean consideradas de coste alto, y que de éstas, dos correspondan a Estadísticas de usos lingüísticos.

José Domingo ha considerado perjudicial para el funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el hecho de que, a partir de este traspaso, un colectivo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social dependan orgánicamente de la Generalitat y otro colectivo dependa del Ministerio de Trabajo e Inmigración, dos Administraciones distintas con diferentes planes propios en el ámbito de sus respectivas competencias materiales.

La transferencia se realiza en contra de la posición del personal de la Inspección y de la Subinspección, de manera que de los 284 funcionarios, no llegan al 10% los que han solicitado voluntariamente su adscripción orgánica a la Generalitat.

La existencia de una doble dependencia orgánica pone en riesgo en la práctica el principio de unidad de acto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El traspaso de la Inspección de Trabajo se ha hecho de forma precipitada, e improvisada, y conllevará que, por el mal modelo diseñado, se resienta la calidad del trabajo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Cataluña.

Asimismo, el diputado José Domingo ha solicitado que se modifiquen los mecanismos de funcionamiento de la Comisión Mixta de transferencia Estado-Generalitat, y ha denunciado durante la reunión que los integrantes de la Comisión ni siquiera hayan tenido acceso a la documentación del traspaso antes de celebrar la reunión.

Barcelona, 24 de Febrero del 2010

Puedes escucharlo en el programa de Radio de Intereconomía Crónica 1 del 13 de Febrero del 2010

Alrededor del minuto 24′ 18”

1. Impulso Ciudadano alerta sobre el contenido del artículo 311.5 del proyecto de Ley del Código de Consumo de Cataluña que declara que: “las personas consumidoras tienen el derecho y el deber de cooperar, de forma individual o mediante organizaciones que les representen con las administraciones públicas de velar por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de las personas consumidoras”.

El proyecto declara que el medio principal de cooperación es la denuncia (art. 311.5.2) y que a través de ella se pondrán en conocimiento de la Administración los hechos, circunstancias o acontecimientos que puedan vulnerar la normativa de consumo.

2. Impulso Ciudadano lamenta que la voluntad inquisitorial del actual Gobierno catalán le llevé incluso a fomentar la delación entre los ciudadanos por razones lingüísticas. A esos efectos, es necesario recordar que el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias reconoce como derecho del consumidor y usuario la denuncia pero no establece la obligación de denunciar. Tampoco en ninguna Comunidad Autónoma se ha aprobado un régimen como el que ahora pretende implantarse en Cataluña.

3. El fanatismo en el que se ha instalado el Gobierno catalán se había materializado hasta ahora en fomentar a través de la subvención a organizaciones de consumidores y a plataformas nacionalistas, la delación de los comercios pero no se había atrevido todavía a incluir por ley la obligación de denunciar a los establecimientos catalanes en base a unos supuestos derechos lingüísticos unidireccionales que obligan sólo a rotular y facilitar la información en catalán.

4. Impulso Ciudadano denuncia que el marco legal que se pretende crear con la nueva ley es tan demencial y totalitario que, de aplicarse una lectura restrictiva y literal del futuro Código de Consumo de Cataluña y dado el modelo de policía lingüística implantado en Cataluña, sería perfectamente posible, al amparo de la redacción literal del artículo 331.6.l), sancionar por incumplimiento de la normativa de consumo a aquellas personas que no cumplieran con la obligación de denunciar.

5. Impulso Ciudadano solicita que se retiren del Código de Consumo de Cataluña todos los aspectos relacionados con la obligación de denunciar y que se haga prevalecer entre las personas consumidoras y las empresas el principio de la libertad de comercio que incluye también el libre uso de las lenguas cooficiales. Consideramos que el fomento por parte de la Administración de una práctica tan execrable como la delación lingüística constituye un ataque directo a las bases de la convivencia de una sociedad fundamentalmente bilingüe. A esos efectos, es necesario recordar que la normativa española y comunitaria dispone que los poderes públicos deben velar para que los consumidores y usuarios dispongan de una información comprensible sobre el adecuado uso y consumo de los bienes y servicios puestos a su disposición en el mercado y que este derecho debe entenderse cumplimentado cuando se acceda a la información en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña.

En Barcelona, a quince de febrero de dos mil diez.

Redacción literal de los preceptos en cuestión:

Article 311.5. Cooperació de les persones consu­midores

1. Les persones consumidores tenen el dret i el deure de cooperar, de forma individual o mitjançant les orga­nitzacions que les representen, amb les administracions públiques encarregades de vetllar pel compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de les persones consumidores.

2. El mitjà principal de cooperació és la denúncia.

Article 311.6. La denúncia en matèria de consum

1. Les persones consumidores de forma individual o mitjançant les organitzacions que les representen tenen el dret de formular i presentar denúncies als organismes administratius competents en matèria de consum.

2. Mitjançant la denúncia es posa en coneixement de l’administració competent en matèria de protecció de les persones consumidores uns fets, circumstàncies o esdeveniments que poden vulnerar la normativa de consum.

331.6 Altres infraccions

k) Vulnerar els drets lingüístics de les persones consu­midores o incomplir les obligacions en matèria lingüís­tica establertes a la normativa vigent.

l) Incomplir els requisits, les obligacions o prohibicions establertes en aquesta Llei i en la resta de disposicions dictades en matèria de defensa de les persones consu­midores

* José Domingo, diputado del Grupo Mixto y presidente de Impulso Ciudadano, ha defendido la supresión de las multas lingüísticas en la Comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto.

* A la Comisión han asistido algunos empresarios multados por rotular sus establecimientos sólo en castellano.

* El diputado ha denunciado que “con frecuencia se pone en duda la existencia de casos como los de los comerciantes presentes”.

* En los últimos años se ha producido “un claro incremento de la política sancionadora que se endurecerá con la aprobación de la futura Ley del Código de Consumo de Cataluña”.

El diputado del Grupo Mixto y promotor de Impulso Ciudadano, José Domingo, ha defendido esta tarde en la Comisión de Economía, Finanzas y Presupuesto la eliminación de las multas lingüísticas, mediante una Propuesta de Resolución de modificación de la Ley 1/1998 de política lingüística en la que solicita que se haga prevalecer el principio de libertad de uso de lenguas oficiales en la regulación de la actividad socioeconómica y la supresión de la Disposición Adicional Quinta que establece la aplicación del régimen sancionador a las empresas que incumplan los preceptos lingüísticos establecidos en dicha ley.

José Domingo, que ha acudido a la comisión acompañado de Xurde Rocamundi, Luís Jiménez y Fermín Guerrero, tres empresarios sancionados por la Generalitat en rigurosa aplicación de la Ley de Política lingüística, ha denunciado que con frecuencia “se pone en duda la existencia de casos como los de los comerciantes presentes”. El diputado del Grupo Mixto ha lamentado que la Administración obligue a los empresarios a asumir el gasto del cambio de rotulación y sólo prevea ayudas cuando los letreros se sustituyen por otros “sólo en catalán”, buscando “un paisaje comercial lingüísticamente homogéneo” y no tanto la defensa de los derechos de los consumidores.

El diputado independiente del Grupo Mixto repasó la evolución de las multas en los últimos años y denunció que se había producido “un claro incremento de la política sancionadora” que se endurecería con la aprobación de la futura Ley del Código de Consumo de Cataluña y ha recordado que en el año 2003 se pusieron dos multas por un total de 1.200 €, 22 multas en el 2004 por 46.300 €, 119 multas en 2005 por 122.050 €, 194 en 2006 por 55.675 €, 138 infracciones en el 2007 por 138.150 €, y finalmente, en el 2008, se sancionaron 209 establecimientos.

Domingo lamentó que el estímulo de la política sancionadora por parte del Gobierno se sustente en denuncias anónimas y en la actividad de personajes que “se ufanan de manera ostentosa y pública de haber denunciado a miles de establecimientos por rotular en castellano” a quienes calificó de “especie de Milosevic catalanes”.

Según Domingo, la actual política lingüística “no garantiza la libre elección” ya que establece que “sólo el catalán es obligatorio” y denunció la falsedad del argumento según el cual el catalán necesita ser protegido en el ámbito comercial, ya que “la mayoría de los rótulos comerciales”, según datos de agrupaciones de comerciantes, “ya están en catalán”. Finalmente, a las acusaciones de obsesión lingüística, el diputado José Domingo contestó que “sólo le obsesiona la libertad de los catalanes”

Puedes consultar la propuesta resolución multas lingúísticas