Las razones que han motivado la interposición del recurso tienen su base en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña que declaró que no existe obligación generalizada de conocer el catalán y que la Administración sólo puede exigir este conocimiento en los ámbitos educativos y funcionarial.

Por lo tanto, no hay obligación de utilizar una determinada lengua, sea el catalán o el castellano, en las relaciones de consumo y es inconstitucional sancionar por motivos lingüísticos en este ámbito. La interpretación que da la sentencia al artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Cataluña deja claro que en las relaciones entre particulares el principio que rige es el de la libertad de lengua y que el tratamiento del castellano y el catalán debe ser equivalente. En cambio, el Código de Consumo de Cataluña sólo reconoce derecho a recibir la documentación e información en catalán, sin que exista igual previsión para el castellano, lo que es discriminatorio y contrario al artículo 14 de la Constitución española. Además, la sentencia recuerda que no existe obligación individual de conocer o utilizar ni el catalán ni el castellano por los empresarios y el personal a su servicio en las relaciones de consumo, por lo que se han de entender inconstitucionales las multas lingüísticas. También la sentencia, declara que en este ámbito no puede exigirse la atención inmediata por parte de las empresas y, en cambio, el Código de Consumo de Cataluña incluye, entre los requisitos lingüísticos, que las empresas están obligadas a atender oral y por escrito de forma inmediata en la lengua de elección del consumidor y a entregar sin demora la documentación e información en catalán.

Posteriormente a la presentación de los escritos , el Presidente de Impulso Ciudadano y el vicepresidente, Carlos Silva, y los pequeños empresarios Xurde Rocamundi y Feliciano Piris han sido recibidos en audiencia por la Defensora del Pueblo, a quien le han explicado las razones de la petición y que valore la conveniencia de solicitar al Tribunal Constitucional que haga juicio sobre la constitucionalidad de los preceptos que regulan las relaciones entre empresa y consumidores y usuarios en la Ley de Política Lingüística de 1998, puesto que esta norma, que es la que ha servido para multar en la actualidad, adolece de los mismos vicios que el Código de Consumo de Cataluña. La Defensora del Pueblo ha escuchado las razones expuestas y ha manifestado que estudiará jurídicamente la petición.

Madrid, 7 de Septiembre de 2010

Puedes consultar el recurso aquí

Repercusiones en prensa

ADN

ABC

El Mundo

Libertad Digital

e-noticies

noticias barcelona

No obstante, la reacción de los partidos que conforman el actual Gobierno y del principal partido de la oposición ha sido taxativa y unánime y no nos permite ser optimistas. Miembros del Gobierno de la Generalitat han manifestado públicamente que no se modificará ningún aspecto de la ley de política lingüística, ni de la nueva Ley de educación de Cataluña, ni de las recientemente aprobadas leyes de acogida de inmigrantes y del Código de consumo de Cataluña. No se rectificará nada y se desobedecerá de manera abierta y desinhibida la doctrina del Tribunal Constitucional, abriendo un periodo de conflicto e inseguridad jurídica que ha de envenenar el debate político y vulnerar los derechos de los ciudadanos en los años venideros. Es especialmente preocupante que el Gobierno de Cataluña se instalé en posiciones que puedan suponer, incluso, comportamientos delictivos y a esos efectos es necesario recordar que el artículo 410.1 del vigente Código Penal castiga con la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años a aquellas autoridades que se nieguen abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales.

La respuesta ante tal despropósito ha de provenir, necesariamente, de la misma ciudadanía que viene sufriendo la insensatez de unos gobernantes embebidos en sus propias obsesiones, cada vez más ajenos a sus inquietudes, que crean problemas donde no existen, y no resuelven los que sería urgente solucionar.

Por todo ello, la asociación Impulso Ciudadano convoca una concentración que se celebrará a las 19 h. el próximo miércoles, 8 de septiembre, en la Rambla Sta. Mónica con Pasaje de la Banca, ante la Secretaría General de Política Lingüística, bajo el lema “La sentencia del Tribunal Constitucional debe cumplirse, no queremos Gobiernos delincuentes”. En el curso de la misma, se hará entrega de un escrito exigiendo al Gobierno de la Generalitat que adopte las medidas necesarias para modificar su política en el ámbito lingüístico, adecuándola al contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Barcelona, 2 de septiembre de 2010

Puedes ver la rueda de prensa aquí:

Puedes ver algunas repercusiones en prensa:

La voz de Bcn

La informacion.com

El Periodista Digital

ADN

ABC Digital

Hazte Oir

CONCENTRACIÓN

“La sentencia del Tribunal Constitucional debe cumplirse”

Miércoles, 8 de septiembre, 19.00 h.

Rambla Sta. Mónica con Pasaje de la Banca

Barcelona

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña ha supuesto una desautorización en toda regla de la política lingüística llevada a cabo por los gobiernos de Cataluña. Sin embargo, parece que las autoridades no tienen ninguna voluntad de cambiarla y, por ello, ahora más que nunca, es necesario recordarles que tienen obligación de cumplir las sentencias, y que si las desobedecen legitiman a los ciudadanos para practicar la insumisión a sus políticas.

Para advertir a los actuales Gobiernos y a los venideros que “LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEBE CUMPLIRSE” nos concentraremos en Barcelona ante la Secretaría de Política Lingüística el próximo miércoles, 8 de septiembre, a las 7 de la tarde, en la confluencia de la Rambla Santa Mónica con el Pasaje de la Banca.

¡Te esperamos!

Tendría que rebuscar entre antiguos recortes de diario (tarea muy dificultosa) para encontrar la referencia y reseña de un libro importante sobre la historia y la actividad de la tauromaquia en Cataluña.

El propio Maragall advirtió que negar la tradición taurina de Cataluña es desconocer la historia. A pesar de esto, que los activistas anti-taurinos no se han significado por sus conocimientos ni por su respeto ha sido una constante en este largo proceso.

Recuerdo haber oído por la radio, a una portavoz de este movimiento, que los toros los trajeron a Cataluña los inmigrantes andaluces. Aquellas palabras me hirieron y me indignaron.
Yo soy uno de esos inmigrantes andaluces, pero nunca me han gustado los toros, tampoco a nadie de mi familia o de mis amistades; es más, creo que, aunque la presencia de la relación festiva o ritual con los toros sea una realidad mediterránea antigua, muy antigua, el declive histórico en que ha ido cayendo la fiesta tradicional de la lidia, con muerte del toro (a veces incluso con la del torero) es positivo e imparable.

Debo añadir algunas reflexiones que me inspiraron las palabras de la “docta” activista: los andaluces vinimos a Cataluña, en cantidades realmente significativas, a partir de los 50-60; en esas fechas ya nos encontramos con DOS magníficas plazas de toros en activo y construidas muchos años antes. Pero no sólo había DOS plazas en activo; en Barcelona llegaron a funcionar simultáneamente TRES. Además de Las Arenas y de La Monumental, existía una tercera en la Barceloneta.

Poco pudimos aportar los andaluces a esa prolífica actividad taurina; ni estábamos, ni, cuando empezamos a llegar, nuestra economía de pobres inmigrantes podía sufragar espectáculos de ese coste y esa envergadura.

Para más “inri”, conocí que la SEGUNDA plaza más antigua de España es la de Olot; creo que la primera es la de Zamora (o la de Toro, Zamora). Quizá, cuando se construyeron esos hítos de piedra con voluntad de durar, ni existía propiamente la Andalucía actual.

Me pregunto, como elucubración, que algo tendrá que ver con Olot (capital de La Garrotxa), que la vara que los jinetes manejan para conducir, tentar y separar este ganado, se llame garrocha.
Sobre la decisión de prohibir la lidia en Cataluña y sobre el procedimiento para alcanzarla se han publicado suficientes opiniones. Personalmente me hace constatar la hipocresía motivacional, la cobardía del procedimiento y el oportunismo político. Una cruzada añadida a las muchas que van desgastando el aprecio que me inspira la clase política, y muy particularmente, la propia de estas latitudes.

Al tiempo me reafirma en la idea de que la organización autonómica está necesitada de un replanteamiento de base. Se invierten más energías en crear problemas a la ciudadanía que en resolver problemas básicos comunes. Sobran políticos y faltan líderes. Tienen fija la atención en minucias mientras la realidad de la marcha del mundo ni la ven ni la quieren ver.

Creo que la permisividad de los correbous es un indicador de hipocresía, pero aún lo es más justificarlo por razones de maltrato animal; obviamente hay maltrato; pero cualquier veterinario sabe que la vida de un toro es un privilegio comparada con la de una vaca lechera, de una gallina ponedora, de una cerda de cría o de una oca para producir paté.

Ante un examen pormenorizado de la relación del hombre con los animales, nos horrorizaríamos de nosotros mismos; no sólo de la brutalidad en el mundo rural tradicional, sino, sobre todo, de las consecuencias de la frialdad en la producción industrializada, en las capturas sistemáticas y en la experimentación de laboratorio.

Añádase la ocupación y destrucción sistemática de los ámbitos del hábitat natural de las distintas especies, súmese la desnaturalizada relación del hombre con sus mascotas y entonces tendremos el campo de reflexión bastante completo para plantearnos la relación hombre-animal. Dilema que nunca abordaremos mediante la discusión de retazos, por llamativos y castizos que sean, porque en realidad, enfrentar con valentía el núcleo de esta cuestión implica un principio filosófico compartido y abordar nuestro modo de vida y nuestra economía desde las consecuencias de ese principio. Como no estamos dispuestos a ir al grano, nos quedamos con el folklore. Es decir caemos en el comportamiento de los hipócritas y de los satisfechos de haberse conocido.

Desde luego, la gesta de nuestros políticos no ha caminado por el sendero de los valores básicos. También aludía a la cobardía del procedimiento; me refería, en concreto, a la libertad de voto. ¡Qué magníficos y liberales somos!; asegurarse la jugada mediante pactos y compadreos para evitar marcar compromiso de partido y apuntarse el tanto de que a demócratas no nos gana nadie, todo en una sola jugada. ¡A quién quieren engañar!

Finalmente, oportunismo es darle pábulo a una iniciativa popular dirigida y sufragada con subvenciones, presumir de que la acción popular es posible y al mismo tiempo ahondar en la dicotomía Cataluña – España. Debería recordarse y compararse la acogida que se dio en el Parlament a las firmas presentadas solicitando enseñanza también en castellano; claro que, seguramente, aquellas firmas no eran “de los nuestros”.

En fin, ya se sabe, en la política de Cataluña nada es inocente.

Olegario Ortega, Agosto de 2010

A raíz del anuncio formulado por el Gobierno de que tiene intención de proceder a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para salvar los preceptos anulados o interpretados por el Tribunal Constitucional en la sentencia del Estatuto de Autonomía de Cataluña, IMPULSO CIUDADANO comunica a la opinión pública lo siguiente:

PRIMERO.- El Poder Judicial es único en el Estado autonómico y no se puede fragmentar en cada una de las Comunidades Autónomas. Así lo ha recordado recientemente el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

SEGUNDO.- Es lamentable que el Gobierno de la Nación para atender sus intereses partidistas se muestre tan servil con el nacionalismo catalán y que relegue las imprescindibles reformas en materia de justicia (agilizar las resoluciones judiciales con más medios materiales y humanos) en favor de otras absolutamente innecesarias y perjudiales al servicio de la Justicia.

TERCERO.- Las reformas legislativas en materia de justicia no deben impulsarse para satisfacer los sentimientos identitarios de Cataluña -como ridículamente ha afirmado hoy la Sra. De la Vega- sino para reforzar y potenciar la independencia del Poder Judicial. De seguirse el modelo diseñado en el Estatuto de Autonomía de Cataluña para los Consejos de la Justicia se estarán poniendo las bases del caciquismo autonómico en el ámbito judicial y la independencia del poder judicial en las Comunidades Autónomas se verá gravemente dañada porque los nombramientos de los magistrados y de los jueces dependerán de estos Consejos, cuyos integrantes serán designados con participación de los Parlamentos autonómicos.

CUARTO.- Es contradictorio que en una época en que la contención del gasto público y la reducción de los órganos innecesarios son principios estratégicos para salir de la crisis, el Gobierno de la Nación pretenda crear 17 nuevos Consejos judiciales autonómicos.

Visiblemente enojado, Huguet ha acusado al Defensor del Pueblo de “querer, desde su pensamiento falangista, romper la cohesión social en Catalunya“.

Ha añadido que “En el momento en que el Constitucional dice que el catalán no puede ser lengua preferente, a este falangista le ha faltado tiempo para recurrir la Ley de acogida“. Ha reivindicado que esta norma es fruto del esfuerzo del Govern para hacer una ley de cohesión social para que la inmigración se integre en catalán.

Huguet Obvia que el recurso presentado por el Diputado y Presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, ante el defensor del pueblo, es previo a la citada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.

Puedes ver algunas referencias de prensa en:

Qué.es

EuropaPress

La Razón

El Mundo Digital

La Cope

Hazte Oir

El defensor del pueblo, en funciones Dña. María Luisa Cava de Llano, ha recogido el guante lanzado por Impulso Ciudadano, por voz de José Domingo, diputado del Parlamento autonómico de Cataluña, al respecto de la ley de acogida de Cataluña y la ha recurrido frente al Tribunal Constitucional, el pasado 13 de Agosto.

La Ley había recibido el aval del Consejo de Garantías Estatutarias y fue aprobada posteriormente por la Cámara autonómica el 28 de abril de este año con los votos favorables de CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA, y con la oposición de PP, Ciudadanos y el propio diputado Pepe Domingo.

El texto legisla en su artículo 9º que ‘el catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua común para la gestión de las políticas de acogida e integración. También es la lengua vehicular de la formación y la información, instrumento básico para la plena integración en el país’ y que ‘el aprendizaje lingüístico ofrecido por los servicios de primera acogida empieza por la adquisición de las competencias básicas en lengua catalana’, y ‘terminada la formación en lengua catalana, debe ofrecer la formación para adquirir las competencias básicas en lengua castellana a las personas que hayan alcanzado la adquisición de competencias básicas en lengua catalana y que lo soliciten o lo requieran’.

José Domingo, presidente de la asociación Impulso Ciudadano, denunció que la Ley “no es, en realidad, una Ley destinada a favorecer el proceso de los extranjeros inmigrantes en España, sino una Ley que pretende reforzar la identidad nacional catalana” y recordó que el propio preámbulo de la Ley “resalta el carácter de Cataluña como nación”. Por ello solicitó el pasado 17 de mayo al Defensor del Pueblo que recurriese la Ley ante el Tribunal Constitucional porque antepone “en el proceso de aprendizaje la enseñanza del catalán al castellano para los extranjeros empadronados en Cataluña”, lo que, teniendo en cuenta “la gran movilidad por todo el territorio nacional de este colectivo”, eso “puede ir en contra de sus intereses” y de la propia Constitución en sus artículos 3.1, 14 y 19.

Por otra parte, recordar que el Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia sobre el Estatuto, dictaminó el catalán no puede ser ‘preferente’ sobre el castellano, y que ‘la competencia exclusiva en materia de primera acogida de las personas inmigradas, debe considerarse circunscrita, como revela su tenor literal, a las primeras actuaciones socio-sanitarias y de orientación‘.

La independentista Carme Capdevila, una de las principales impulsoras de la Ley, y consejera de Acción Social y Ciudadanía de la Generalidad de Cataluña, ya ha anunciado que la Generalidad no piensa ajustar el texto a la legalidad especificada por el Alto Tribunal.

Puedes ver algunos ecos de la noticia en:

La Voz de BCN

ADN

ABC 1, ABC 2

La Vanguardia

El Mundo

La Comunidad

La Voz Libre

Europa Press

El Confidencial

Diario del Siglo XXI

La Comisión de Acción Exterior y de la Unión Europea del Parlamento de Cataluña ha aprobado por unanimidad la resolución propuesta por el diputado del Grupo Mixto, José Domingo, por la que el Parlamento de Cataluña lamenta la muerte de Orlando Zapata y hace un llamamiento al Gobierno cubano para que cumpla su compromiso de respeto de los derechos humanos, libere de manera incondicional a todos los presos de conciencia actualmente en las cárceles de este país y proteja a todos los prisioneros bajo su jurisdicción.

Domingo ha defendido que “la muerte de Zapata y el esfuerzo y sacrificio del resto de los opositores han obligado a reaccionar al Gobierno cubano” y “ha dado alas a miles de cubanos opositores y ha sacado a la luz las interioridades de un régimen que no permite el pluralismo político, la libertad de opinión ni de expresión”. En su intervención, el diputado del Grupo Mixto ha recordado que recientemente Amnistía Internacional ha solicitado la “libertad inmediata de todos los presos de conciencia y que esta sea sin condiciones, es decir que la salida de Cuba sea voluntaria y no un requisito para recobrar la libertad”.

La resolución aprobada es especialmente oportuna dado que todavía quedan cientos de presos de conciencia encarcelados en Cuba y que muchas de estas encarcelaciones tienen su origen en la oleada masiva de represión emprendida por las autoridades cubanas en marzo de 2003 contra los activistas políticos.

En su intervención, José Domingo ha advertido que “en Cuba no hay un poder judicial independiente, los juicios son a menudo sumarios e incumplen gravemente las normas internacionales sobre juicios justos”.

Ante las apelaciones al embargo que sufre la isla formuladas por el representante de ICV, José Domingo ha afirmado que la represión en la isla por parte del Gobierno cubano no tiene nada que ver con el embargo.

Por primera vez, el Parlamento de Cataluña ha denunciado de forma unánime los ataques a la disidencia y la falta de respeto de los derechos humanos fundamentales en Cuba. En busca de este consenso, Domingo ha propuesto un texto basado en la declaración realizada por la Unión Europea a través de la representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, con ocasión del fallecimiento de Orlando Zapata que ha sido enmendada por los grupos que dan apoyo al Gobierno con la sustitución de la expresión “presos políticos” por “presos de conciencia”, enmienda que ha sido aceptada por el diputado en aras de la perseguida unanimidad.

Defensa de la libertad de expresión y solidaridad con los canales y emisoras represaliados en Venezuela

En la misma Comisión celebrada hoy, José Domingo ha defendido otra Propuesta de resolución de condena de los reiterados ataques a la libertad de expresión cometidos por el Gobierno de Venezuela y del cierre de la señal de emisión de cadenas de televisión y emisoras de radio críticas con él.

Los grupos que dan apoyo al Gobierno han manifestado su disposición a aprobar un texto consensuado sobre este tema, por lo que el Diputado José Domingo ha retirado su propuesta de resolución para consensuar una declaración institucional de todos los grupos parlamentarios en los próximos días.

Barcelona, a 27 de julio de 2010.

Puedes ver la propuesta de resolución aquí.

1. Denuncia la malversación continuada de fondos públicos por parte del Gobierno de la Generalitat con el fin de financiar y fortalecer entidades ideológicamente afines que actúan como herramienta de adoctrinamiento político y de penetración en el tejido social como parte del proyecto político independentista.
2. Denuncia que los 170.000€ de la subvención al programa Quedem? no son más que la punta del iceberg de las cantidades de dinero recibidas anualmente por la plataforma filo independentista Òmnium Cultural. Esta suma – a la cual se deben añadir los 710.273€ correspondientes al 2010 del convenio plurianual firmado entre el Gobierno de la Generalitat y la entidad en el 2007 (http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20071002/06.htm)– es tan sólo una más de las muchas subvenciones que dicha plataforma recibe, como se puede comprobar en el listado de subvenciones recibidas durante el 2009 (ver documento adjunto). Si sumamos a estas cantidades las cifras de otras ayudas fijas que Òmnium consigue anualmente de los Departamentos de Vicepresidencia (voluntariado por la lengua), Gobernación (introducción a la lengua catalanas), Cultura (250.000€ para entregas de premios y otros actos) y Acción Social (integración social de personas inmigradas), todos ellos controlados por ERC, comprobamos que, sin contar el dinero que pueda recibir de otras administraciones, Òmnium Cultural recibe todos los años más de 1.000.000€ sólo de la Generalitat de Cataluña.
3. Lamenta la colaboración del PSC, IC-EUiV con ERC en el proyecto de proselitismo soberanista del partido independentista.
4. Exige que se detenga esta verdadera hemorragia de caudales públicos en pos de unos objetivos que persiguen la destrucción del propio Estado que los facilita.
5. Exige al Gobierno de Cataluña, máxima representación del Estado en esta Comunidad Autónoma, que vele por el bien común y por la defensa de las instituciones y deje de actuar de actuar con deslealtad a la nación que debería defender, contribuyendo a potenciar y hacer posibles mediante financiación pública conspiraciones dirigidas a la desestabilización del actual marco de convivencia que comparten y defienden la inmensa mayoría de españoles.

Barcelona, 20 de julio de 2010

Puedes seguir los gastos aquí.

* La reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 28/6/2010 repite en 10 ocasiones que el castellano ha de ser lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña, y en 3 ocasiones que ha de ser en régimen de igualdad con el catalán.
* No existe necesidad de normalización del catalán, puesto que las estadísticas de la propia Comunidad Autónoma, acreditan la generalidad del uso y del conocimiento del catalán.
* En el supuesto de que fuera conveniente todavía una política de normalización, en ningún caso ello debiera permitir imponer legalmente a los padres o a los centros, una restricción de una u otra lengua vehicular, a una proporción inferior al 40% (u otro porcentaje similar).

Sigue leyendo el resto del texto aquí.

Por Severo Bueno
Asociado de Impulso Ciudadano