¿Qué implica la ley de Transitoriedad en Cataluña?

Ley de transitoriedad

¿Qué implica la ley de Transitoriedad?

La Ley de Transitoriedad, en algún momento del futuro y una vez superada la barrera del referéndum del 1 de octubre, pasaría a ser la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán. De hecho, pasaría a estar por encima del propio Estatut e, incluso, de la Constitución Española. Pero, ¿qué implica realmente? Aquí vamos a tratar de explicarlo de la forma más clara posible.

Si no hay referéndum el 1 de octubre, habrá independencia

El primero de los puntos controvertidos de la Ley de Transitoriedad radica en el hecho de que el texto contempla la posibilidad de que, en caso de que las autoridades españolas y el Tribunal Constitucional bloquease la consulta soberanista prevista para el 1 de octubre de este año, se activase automáticamente el procedimiento de secesión inmediata de Cataluña respecto al resto de España. Este es el motivo por el que algunos la denominan como ‘ley de ruptura’.

Amnistía total para quienes fuesen condenados por la causa independentista

El texto legislativo también prevé conceder la amnistía a todas aquellas personas que hayan sido imputadas o condenadas por causas judiciales que guarden relación con el proceso secesionista. Entre ellos, evidentemente, estaría Artur Mas, ex presidente de la Generalitat de Cataluña y que, además, está envuelto en diversos casos de corrupción como, por ejemplo, el del ‘3 %’. De hecho, para ello, arrebatará las competencias en esos casos a la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Eliminación de la separación de poderes

El texto modela un sistema en el que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña sería el encargado de elegir y designar jueces. Tanto es así que el presidente se guarda el derecho de nombrar al fiscal general y al presidente del futurible Tribunal Supremo catalán. En este sentido, además, se establece que los jueces pertenecientes a la Administración General del Estado tendrán que volver a concursar por una plaza.

No se contempla la salida de la Unión Europea

Son muchas las advertencias que las autoridades separatistas de la Generalitat han recibido en base a que, en caso de independencia de España, Cataluña saldría de la Unión Europea y tendría que empezar de cero todo el proceso para volver a formar parte de ella. Sin embargo, en la Ley de Transitoriedad se hace referencia a que las leyes establecidas en el marco comunitario seguirán teniendo vigencia.

Un año de empadronamiento para obtener la ciudadanía

Evidentemente, aquellos nacidos fuera de Cataluña que quieran residir y ser ciudadanos del nuevo país una vez declarada la independencia pueden suponer un problema ya que no tendrán automáticamente la nacionalidad. En este sentido, el texto afirma que, para obtener la ciudadanía, solo hace falta aportar un padrón con, al menos, un año de antigüedad. En caso de no ser posible, basta con adjuntar pruebas de que se ha poseído un domicilio dentro del territorio catalán durante los últimos dos años.

Obligatoriedad de aprender catalán

Los jueces, los policías y, en general, todo el personal administrativo tiene la obligación de aprender catalán y usarla en su trabajo habitual. Esto se debe, fundamentalmente, a que reconoce este idioma como la lengua propia de Cataluña. Sin embargo, se establece que el castellano pueda seguir siendo utilizado del mismo modo en que se hace ahora.

Absorción del personal funcionario

Otro de los propósitos más claros que tiene la Ley de Transitoriedad es el de garantizar que, una vez proclamada la independencia, los servicios públicos puedan seguir operando con total normalidad. Para ello, el mecanismo que prevé es el de la absorción por parte de la Generalitat de todos los funcionarios que, hasta ese momento, formasen parte de la Administración General del Estado salvo, claro está, los jueces, tal y como hemos especificado anteriormente.

Los bienes del Estado pasarán a la titularidad de la Generalitat

Todos los edificios que correspondan a la Administración General del Estado y que tengan sede en territorio catalán, una vez proclamada la independencia y entrada en vigor la Ley de Transitoriedad, pasarán a formar parte del patrimonio de la Generalitat. Según un inventario elaborado por el propio organismo autónomo, hay un total de 1080 inmuebles que, en total, suman un valor conjunto de 685 millones de euros que serían susceptibles de cambiar de manos.

La pregunta del referéndum

Para terminar, el último punto importante que contempla la Ley de Transitoriedad es el de la pregunta del referéndum catalán previsto para el 1 de octubre. Esta será “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?”. Por su parte, dentro del texto legislativo, también se establece que el resultado de la consulta será, sin importar el porcentaje de participación ciudadana, absolutamente vinculante en términos jurídicos.

Estos son, sin duda alguna, los puntos claves de la Ley de Transitoriedad de la Generalitat catalana. Esperamos que, a partir de ahora, todo lo relacionado con ella le resulte más claro.