Concurso de acreedores: qué es, para qué sirve y cuándo debe solicitarse

Tras la crisis económica de 2008 hubo un concepto que, hasta entonces, era desconocido para muchos trabajadores y empresarios. Sin embargo, a partir de ese momento, se hizo más popular de lo que nos hubiese gustado. Hablamos, como no, del concurso de acreedores, un concepto que en realidad se legisló en el año 2003 y que supuso una solución de emergencia para muchos negocios que no podían hacer frente a sus deudas. Aquí vamos a ver qué es, para qué sirve y cuándo se debe solicitar.

¿Qué es el concurso de acreedores?

Para encontrar la definición y el resto de la regulación pertinente al concurso de acreedores debemos recurrir a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y al Real Decreto Ley 3/2009, que lo modificó sustancialmente. Este también hizo referencia a sus derivaciones tributarias y financieras. Finalmente, quedó fijado como lo entendemos hoy día con la aprobación de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, y de la Ley 9/2015.

Sentada ya la base jurídica que sustenta al concepto, podemos decir que el concurso de acreedores es un procedimiento legal obligatorio para personas físicas y jurídicas cuando se enfrentan a una situación de insolvencia que les impide hacer frente al pago de sus deudas. Sí, hemos dicho bien. Al contrario de la creencia popular, cualquier persona puede acogerse a esta fórmula, aunque no es lo más habitual. Solo suele producirse en el caso de las herencias.

En cualquier caso, y dado que su uso en la práctica está casi reservado al ámbito empresarial, dentro de la definición de concurso de acreedores se abarcan también las situaciones de suspensión de pagos y de quiebra. Además, tiene carácter previsor, ya que también se puede solicitar cuando dicha situación de insolvencia aún no se ha producido pero es inminente.

¿Para qué sirve el concurso de acreedores?

Esta fórmula legal persigue el objetivo de que el solicitante satisfaga, del modo en el que realmente le sea posible, las deudas que ha contraído con sus acreedores tras haber llegado o ser inminente la situación de insolvencia.

En este sentido, el concurso de acreedores contempla varias alternativas:

  • Encontrar alternativas de pago que permitan al empresario satisfacer sus deudas y continuar con su actividad económica.
  • Satisfacción parcial de deudores desde un enfoque igualitario y respetando el orden legal de prelación.
  • Liquidación del patrimonio de la empresa deudora para su aplicación en el pago de las deudas contraídas.

Según la legislación relativa al concurso de acreedores, la primera fórmula debe ser la preferencial. Es decir, siempre que se pueda, se buscarán fórmulas para que la empresa o el particular satisfagan sus deudas sin comprometer su actividad económica futura. Solo en casos en los que esto no sea posible se recurrirá a cualquiera de las otras dos alternativas.

Este es el motivo por el que el concurso de acreedores no solo se considera un mecanismo para satisfacer deudas. En total, tiene tres funciones:

  • Satisfacción de deudas: garantiza a los acreedores que cobrarán en igualdad de condiciones las deudas que el deudor contrajo con ellos. En base al principio ‘par conditio creditorum’, el orden de reclamación no puede afectar a las expectativas de cobro de los demás.
  • Protección social: no todos los créditos tienen la misma prioridad a la hora de ser cobrados. La ley establece que las deudas contraídas con los trabajadores y con la Administración Pública (Seguridad Social, Hacienda, etc.) tienen prioridad.
  • Segunda oportunidad: la quiebra de cualquier empresa puede tener un grave impacto social y económico. Por ello, trata de evitarse a toda costa.

¿Cuándo debe declararse la situación de concurso de acreedores?

Según lo comentado por los textos legales citados anteriormente, desde el mismo momento en el que una persona física o jurídica sepa que va a ser incapaz de hacer frente a sus obligaciones con regularidad o, en su defecto, en el instante en que eso suceda.

Pero, ¿qué entiende la ley por incapacidad para cumplir con sus obligaciones de forma regular? En concreto, se refiere a:

  • Una incapacidad temporal por situaciones sobrevenidas y asociables o no a la producción que le van a impedir satisfacer las deudas contraídas con sus acreedores exclusivamente durante una temporada.
  • Una incapacidad económica total que le va a impedir abonar sus deudas de forma íntegra.

Además, hay un supuesto especial. La ley también considera que una empresa o una persona física está en la obligación de acogerse a la situación de concurso de acreedores cuando, para hacer frente a sus obligaciones, necesita endeudarse sistemáticamente. Dicho de una forma más simple, necesita pedir nuevos créditos y préstamos para abonar las cuotas de aquellos que solicitó anteriormente. Esto se debe a que la situación puede conducir a una situación de endeudamiento peor a causa de los intereses generados por esa necesidad constante de financiación.

Dicho esto, la ley reconoce al empresario el derecho a presentar la solicitud de concurso de acreedores dos meses después de haber conocido la situación de insolvencia. Solo podrá retrasar ese plazo en caso de tener capacidad de negociación con sus acreedores y lograr una mejora en las condiciones de refinanciación.

Pero, ¿qué sucede si el empresario no solicita el concurso de acreedores en plazo?

Solicitar la situación de concurso en el plazo de dos meses desde el conocimiento de la situación de insolvencia no solo es un derecho, sino también una obligación recogida por la ley. En caso de que no lo haga, cualquiera de sus acreedores puede darle inicio. En ese caso, se enfrentará a la declaración de culpabilidad del concurso, lo que le llevará a un proceso judicial con graves consecuencias.

Es cierto que la sentencia puede calificar lo sucedido como ‘fortuito’ y no atribuir culpa alguna al empresario. Sin embargo, eso es muy poco habitual. Lo normal es que sea declarado culpable y que tenga que hacer frente a las siguientes consecuencias:

  • Un período de inhabilitación que le impida representar y/o administrar bienes ajenos por un plazo de entre 2 y 15 años.
  • Pérdida de cualquier crédito que hubiese contraído con la concursada.
  • Pagar el déficit concursal.

Esto último es, probablemente, a lo que más temen quienes se enfrentan a un proceso de concurso de acreedores. Se trata de medidas muy extremas que tratan de favorecer que los empresarios, ante la situación de insolvencia que se les viene o que ya han adquirido, informen de ello con antelación para minimizar las consecuencias que la situación puede acarrear. Además, este incumplimiento conllevará que el Ministerio Fiscal entre en escena.

Concurso de acreedores: conclusiones

En definitiva, la situación de concurso de acreedores no es deseable por parte de ninguna empresa ni de ningún acreedor, pero lo cierto es que puede ser necesario por muchos motivos. De hecho, no siempre se puede atribuir a la mala gestión del empresario. También debe considerarse como una ley de segunda oportunidad que trata de dar viabilidad económica a la empresa a la vez que garantiza el cobro a los trabajadores, a las Administraciones Públicas y a todos aquellos que le prestaron dinero en el pasado.